Emmanuel Macron llegó al poder en Francia con una imagen de renovación. No venía de la política tradicional ni de los movimientos radicales tan comunes en el país. Exbanquero de Rothschild, se presentó como un reformista proempresa, alejado de los extremos ideológicos, que prometía modernizar Francia, reducir el déficit, recortar el gasto público y combatir el desempleo crónico que el país arrastraba desde hacía décadas. Su mensaje era claro: se podía ser eficiente económicamente sin renunciar al modelo social francés. En sus primeros años, logró algunos avances notables. Bajó el impuesto de sociedades del 33% al 25%, y redujo el déficit por debajo del límite del 3% que exige la Unión Europea.
El desempleo, que llevaba más de 40 años estancado en torno al 8%, logró bajar hasta el 7,3%, su nivel más bajo desde principios de los años 80. Sin embargo, estos avances se produjeron en un contexto extremadamente complejo. Desde los años 70, el Estado francés creció enormemente, hasta ocupar más del 55% del PIB, convirtiendo a Francia en la democracia liberal con el mayor sector público del mundo. Esta hipertrofia del Estado ha hecho que cada recorte sea políticamente explosivo: quitar una ayuda o tocar privilegios laborales genera protestas masivas, algo común en una sociedad como la francesa, donde la movilización es casi un rasgo cultural.
Pese a los buenos inicios, la situación económica de Francia comenzó a deteriorarse. Las agencias de calificación como Moody’s y Standard & Poor’s rebajaron la nota de la deuda francesa, advirtiendo de la insostenibilidad de las finanzas públicas. Durante la pandemia, el déficit fiscal se disparó al 8,9% del PIB. Aunque esto ocurrió en todos los países, Francia fue de los que más aumentó el gasto y menos capacidad mostró después para revertirlo. La “ley de Parkinson” del gasto público —es decir, lo fácil que es aumentarlo y lo difícil que es reducirlo— se volvió evidente.
La situación política también se complicó. Macron perdió el control de la Asamblea Nacional tras el fracaso en las elecciones legislativas. Aunque maniobró hábilmente en la segunda vuelta aliándose con la izquierda para frenar a la extrema derecha de Marine Le Pen, al final no consolidó una mayoría estable. Sorprendió a todos nombrando como primer ministro a Michel Barnier, un conservador, a pesar de haberse apoyado en la izquierda para frenar a Le Pen. Pero Barnier fue rápidamente tumbado por una moción de censura, la primera que prospera en Francia desde 1962, dejando al gobierno sin presupuestos y sin un rumbo económico claro.
Francia arrastra, además, varios problemas estructurales. Su mercado laboral es rígido, con leyes que penalizan el crecimiento de las empresas a partir de los 50 empleados, lo que desincentiva la expansión. El modelo económico favorece a las grandes corporaciones, muchas de ellas protegidas por el Estado, pero impide la competencia y el surgimiento de nuevos actores innovadores. Además, la inversión en investigación y desarrollo se ha ralentizado notablemente, lo que pone a Francia en una posición de desventaja frente a otras economías más dinámicas, como Estados Unidos o Alemania.
El plan Barnier, diseñado para reducir el déficit al 3% del PIB hacia 2029, incluía la reversión de algunas bajadas de impuestos, como la del impuesto de sociedades, y la introducción de nuevas figuras impositivas, como un gravamen a la recompra de acciones y a los beneficios extraordinarios. Sin embargo, la verdadera esencia del plan era reducir el gasto público, algo muy difícil en Francia sin provocar revueltas sociales, como se vio con las protestas contra la reforma de las pensiones o los chalecos amarillos. El rechazo parlamentario al plan ha dejado el futuro fiscal de Francia en el aire.
Los analistas son escépticos. La OCDE estima un crecimiento económico inferior al previsto por el gobierno, lo que haría aún más difícil cuadrar las cuentas. JP Morgan, por ejemplo, duda que se logre reducir el déficit tanto como se plantea. La situación es especialmente grave porque Francia, a pesar de seguir siendo una gran economía, con empresas sólidas, una administración eficiente y un excelente sistema energético, parece haber perdido dinamismo. La falta de innovación, el peso excesivo del Estado y la fragmentación política limitan su capacidad de respuesta.
En resumen, Macron comenzó su presidencia con fuerza, logrando resultados significativos en los primeros años. Sin embargo, problemas estructurales no resueltos, una pandemia que desató el gasto público y una situación política cada vez más inestable han minado su margen de maniobra. Francia enfrenta ahora un difícil equilibrio entre mantener su modelo social y evitar una crisis fiscal, mientras la extrema derecha y la extrema izquierda ganan terreno. El país tiene aún muchas fortalezas, pero sin reformas profundas y liderazgo político, su situación podría empeorar.
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