En siete décadas, Japón pasó de potencia derrotada y pacifista a ser la tercera economía del planeta y un pilar del orden liberal en Asia-Pacífico. Ese equilibrio, basado en el artículo 9 de la Constitución y en el paraguas militar de EE. UU., entra hoy en zona de turbulencia. La llegada de Yoshihide Suga al cargo —tras cuatro décadas de tejer la agenda de defensa del PLD— plantea una pregunta decisiva: ¿puede Tokio seguir confiando en la contención pasiva mientras China, Corea del Norte y Rusia redefinen el mapa estratégico de la región? La fase cómoda terminó.
El síntoma más visible es el salto del gasto militar. El presupuesto de Defensa, que rondaba el 1 % del PIB en 2012, supera ya el 2,2 % y apunta al 3 % en 2030, lo que convertiría a Japón en el tercer mayor comprador de armamento del mundo. En paralelo, Suga impulsa la revisión del artículo 9 para reconocer formalmente unas Fuerzas de Autodefensa capaces de operar más allá del archipiélago. La decisión no es meramente jurídica: abre la puerta a misiles de alcance medio que cubran el Mar de China Oriental y la península coreana.
La segunda palanca es la “OTAN asiática”. Tokio propone un engranaje de defensa colectiva con Corea del Sur, Australia, Filipinas y Vietnam que cubra inteligencia, integración de sistemas antimisiles y ejercicios navales conjuntos. El objetivo es disuadir a Pekín de cambiar el statu quo en el Estrecho de Taiwán o en las islas Senkaku. Sin embargo, el riesgo implica exacerbar la desconfianza entre Seúl y Tokio y empujar a los países del Sudeste Asiático a elegir bloque antes de estar preparados.
El tercer frente es la relación con Washington. Suga quiere renegociar el SOFA para obtener control fiscal y legal sobre las 54.000 tropas estadounidenses estacionadas en Japón. Más autonomía refuerza la soberanía, pero obliga a absorber parte del costo de disuasión: cada punto de gasto extra en defensa equivale a la factura anual de pensiones de la prefectura de Osaka.
Puertas adentro, Japón encara una economía “estancada crónica”. El PIB real crece al 0,7 % anual desde 1995; la deuda pública roza el 260 % del PIB; la inflación, tras décadas de cero, se ha instalado en el 2–3 %. El envejecimiento es un lastre estructural: la población en edad de trabajar caerá en 9 millones para 2035 y el 30 % de los japoneses tendrá más de 65 años. Sin reformas profundas de productividad, inmigración y mercado laboral, cada yen destinado a defensa saldrá de un pastel cada vez más pequeño.
El desafío político tampoco es menor. El PLD perdió 38 escaños en las generales de 2024 y gobierna con una coalición frágil. Siete de cada diez votantes rechazan subidas impositivas para financiar el rearme y solo el 42 % respalda la reforma constitucional. Gobernar requiere tejer consensos y romper tabúes a la vez, un arte que pocas veces coincide con ciclos electorales.
Dos trayectorias se abren. Si Suga logra anclar una estrategia de seguridad creíble, atraer inversión en I+D dual y desbloquear reformas pro-crecimiento, Japón puede asentar un crecimiento del 1,5 % y ganar margen defensivo sin romper la cohesión social. Si tropieza, el país corre el riesgo de un mix tóxico de gasto militar creciente, déficit persistente y polarización interna.
Para el resto del mundo, un Japón que se rearma y busca alianzas redefine las cadenas de suministro de semiconductores, eleva la demanda de sistemas antimisiles y acelera la fragmentación geopolítica de Asia-Pacífico. Las empresas con exposición a la región deben revisar sus mapas de riesgo político y sus estrategias de near-shoring.
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