Cuando Japón se alzó de las ruinas de 1945 y empezó a crecer al 10 % anual, medio mundo creyó asistir a una excepción histórica. En solo treinta años, el país desbancó a Alemania Occidental como segunda economía del planeta y se convirtió en sinónimo de eficiencia industrial y exportaciones imbatibles. El castillo de naipes se derrumbó en 1991: la burbuja inmobiliaria y bursátil estalló, los balances empresariales se volvieron tóxicos y el sistema bancario se aferró a la ficción de que los créditos morosos valían su precio original. El resultado fue la «década perdida», un periodo de crecimiento raquítico que, pese a los estímulos fiscales y monetarios, sepultó las expectativas del milagro nipón.
Treinta años después, la historia rima en el otro extremo de Asia. Desde 2009, el precio de la vivienda en las grandes ciudades chinas se multiplicó por 2,5; en Pekín, un piso medio cuesta hoy casi treinta veces la renta disponible anual de una familia. El sector inmobiliario—que llegó a representar un cuarto del PIB cuando se suman cadenas de suministro y consumo asociado—ha dejado de vender. Se calcula que hay 80 millones de viviendas sin ocupar y promotoras con deudas equivalentes al 80 % del “valor” de sus activos, valor que se evapora con cada rebaja. La implosión de Evergrande fue solo el tráiler de una película más larga y costosa.
Japón eligió entonces la huida hacia adelante: refinanciar créditos impagados y confiar en que el tiempo sanase las heridas. El crédito siguió fluyendo, pero hacia empresas zombis incapaces de innovar o generar márgenes. Las familias, traumatizadas, ahorraron en lugar de gastar y el Banco de Japón bajó los tipos hasta rozar el cero, atrapado en una trampa de liquidez. Pese a las inyecciones públicas posteriores, el crecimiento potencial pasó del 4 % a menos del 1 %. Hoy los intereses a treinta años en Tokio se pagan por debajo del 1 % y apenas hay inflación.
Pekín se enfrenta a la misma bifurcación: sanear rápido o prolongar el ajuste. Limpiar implicaría reconocer pérdidas, dejar caer promotoras insolventes y reestructurar bancos locales que acumulan hipotecas imposibles. Significa también reubicar el ahorro familiar—atrapado en ladrillo—hacia vehículos más productivos. La alternativa es la patada hacia delante: inyecciones puntuales de liquidez, fusiones supervisadas y renegociaciones eternas esperando un rebote que tal vez no llegue.
La tentación de aplazar es grande. La deuda agregada supera el 300 % del PIB; un ajuste brusco provocaría cierres de empresas públicas, aumento de paro urbano y riesgo de protestas. Sin embargo, los síntomas de japonización ya afloran: los bonos a diez años rinden apenas el 2 % y los a treinta cotizan por debajo de sus equivalentes nipones, señal de que el mercado descuenta años de crecimiento tibio y política monetaria laxa.
Sin embargo, existen diferencias clave. Cuando Japón topó con el muro, su PIB per cápita, en dólares actuales, rondaba los 30.000. El de China apenas supera los 12.000. Enfrentar una depuración bancaria, sostener la seguridad social de un país que envejece y financiar la transición tecnológica con ese nivel de renta será mucho más doloroso. Además, la rivalidad con Estados Unidos limita el acceso a semiconductores avanzados y a determinados mercados, algo que Japón no sufrió en los noventa.
Aun así, el paralelismo inquieta. Un gigante de 1.400 millones de habitantes atrapado en una larga siesta económica redefiniría los precios de las materias primas, la velocidad de la transición energética y la arquitectura financiera global.
En última instancia, el desenlace dependerá de la voluntad política de Beijing para asumir pérdidas y reorientar el modelo hacia sectores de mayor valor añadido: salud, servicios intensivos en conocimiento y consumo interno sofisticado. Si la reforma llega pronto, la tormenta será intensa pero breve. Si no, la década perdida nipona podría encontrar eco en las avenidas de Chongqing y los rascacielos vacíos de Tianjin.
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